La Cámara Baja aprobó este miércoles un proyecto de resolución donde le solicitó al Gobierno adoptar una serie de medidas en beneficio de los conductores de taxis colectivos, específicamente en materia de condiciones laborales, considerando la escasa protección que hoy mantienen los trabajadores.
En ese contexto, el diputado Eduardo Cornejo, valoró dicha aprobación ya que quienes desempeñan dicha función carecen de los beneficios y protecciones con los que cuentan la mayoría de los trabajadores del país, especialmente en situaciones de desempleo, enfermedad, accidentes de trabajo e, incluso, en materia de pensiones, donde quedan totalmente desamparados.
“Decidimos presentar esta solicitud al Gobierno para que podamos evaluar distintas medidas para ir en ayuda de los conductores de taxis colectivos, partiendo con la creación de una mesa de trabajo entre ambas partes, donde podamos discutir la viabilidad de alguna norma que pueda regular sus actuales condiciones de trabajo”, señaló el diputado Cornejo.
“El rubro de los conductores de taxis colectivos hoy no tiene garantizado su derecho a la seguridad social y, por lo tanto, al momento de jubilarse no reciben una pensión digna que los ayude a vivir de la mejor forma su etapa de la vejez. Y dada la importancia de este rubro para nuestro país, pero especialmente para las regiones como O’Higgins, donde el transporte público no es de buena calidad, necesitamos avanzar en medidas que les otorgue una mayor protección a quienes desempeñan esta importante actividad”, explicó el parlamentario UDI.
Por lo mismo, el diputado Cornejo pidió al Ejecutivo crear un Registro Nacional de Conductores Profesionales de Taxis Colectivos, de manera que se puedan adecuar las actuales y futuras normativas, entre ellas el respeto por las condiciones mínimas de trabajo que exige la ley. Asimismo, solicitó evaluar una exención tributaria del Impuesto Específico a los Combustibles para que los conductores puedan recibir mensualmente un monto directo en sus cuentas previsionales.
“El objetivo es que, en base a una renta presunta de $500 mil, todos los trabajadores reciban una devolución de recursos que les permita cotizar para su vejez”, explicó el representante de O’Higgins.