La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió el contenido del texto de la polémica llamada “ley de amarre” y negó que se esté limitando la capacidad de desvinculación del Estado.

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos sostuvo que la disposición ha sido interpretada de manera errónea y que no impide despidos, sino que refuerza exigencias ya presentes en el ordenamiento jurídico.

“Si uno mira en detalle la propuesta de protocolo, se ha destacado mucho el punto 14, que hay que decir que es la posibilidad, no de que no se desvincule al personal, sino que sea justificado y que efectivamente un acto motivado”, señaló en entrevista con Radio Futuro.

En ese sentido, recordó que la Ley 19.880 obliga a que los actos administrativos sean fundados, criterio respaldado por la Contraloría y los tribunales. “Todos los actos tienen que ser fundados (…) y, por tanto, acá lo que se explica es que tiene que ser fundado en causales objetivas y tiene que notificarse con un plazo de 30 días”, indicó.