La exdirectora del CESFAM de San Fernando, Alondra Huerta, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusando que su desvinculación fue ilegal y arbitraria.

De acuerdo con su versión, en marzo de 2026 renunció únicamente al cargo de directora, manteniendo su calidad de funcionaria de planta dentro de la corporación.

Sin embargo, la entidad interpretó esta decisión como una renuncia total, procediendo a su desvinculación completa.

La exdirectora también cuestiona que la medida se haya concretado mientras se encontraba con licencia médica, lo que —según su defensa— vulneraría sus derechos laborales. Además, el conflicto se enmarca en situaciones previas, incluyendo denuncias internas que habrían afectado su estado de salud.

Por su parte, desde la corporación sostienen que se trató de una renuncia voluntaria debidamente aceptada.

Actualmente, el caso fue declarado admisible y será la Corte la que determine si existió o no ilegalidad en el proceso.