En un dictamen emitido este 16 de febrero, la Contraloría Regional de O’Higgins puso punto final a la controversia en Placilla con el denominado convenio Prodesal con el Municipio confirmando que no existió ninguna infracción legal en la relación entre el Director de Desarrollo Comunitario (Dideco) y una funcionaria del programa Prodesal.

La polémica, que tensionó las relaciones en el municipio, nació tras una denuncia de la concejala Daniela Díaz Arias. La acusación apuntaba a Jorge Farías Maturana (Dideco), por mantener una relación sentimental con Javiera Reyes Barrios, funcionaria de Prodesal. Bajo la premisa de que Prodesal depende administrativamente de Dideco, concejales argumentaron una vulneración al principio de probidad.

Según Contraloría el principio de probidad se cumplió estrictamente. El municipio había tomado los resguardos necesarios: Se delegó la supervisión de la funcionaria en la profesional Paulina González. Se acreditó que las evaluaciones técnicas de Prodesal dependen externamente de INDAP y el director Dideco informó oportunamente el potencial conflicto, apartándose de toda decisión vinculada a la funcionaria.