Los consejeros regionales Lenin Arroyo y Mauricio Valderrama solicitaron este lunes ante la Fiscalía Regional investigar si existe algún posible hecho de corrupción en un proyecto de televigilancia que fue aprobado para San Fernando y que ahora se encuentra detenido por presuntas irregularidades en el proceso de licitación.

Estamos hablando de un presupuesto de más de dos mil millones de pesos que aún se encuentran en las arcas del Gobierno Regional y que no se han podido invertir hasta que la Contraloría emita un oficio sobre el resultado de su investigación.

Sin embargo, los consejeros regionales, Arroyo y Valderrama, pidieron también a la Fiscalía regional que investigue ya que aducen que el gobernador regional Pablo Silva Amaya no ha entregado la información detallada del caso.

Desde el Gobierno Regional enviaron un comunicado informando que el gobernador Silva Amaya envió un oficio al municipio de San Fernando con el fin de comunicar que no se autorizó el presupuesto para adjudicar la licitación del ya que se detectaron una serie de irregularidades administrativas. Dicho oficio fue enviado el 13 de agosto.

La respuesta del alcalde Pablo Silva Pérez fue recibida el pasado 4 de septiembre en la Contraloría Regional, donde, en 11 puntos, explicó el proceso respectivo.

En el punto 2 de su respuesta señaló: “Esta Municipalidad, en su calidad de Unidad Técnica, llevó adelante el proceso de licitación pública conforme a la normativa vigente, con miras a contratar la ejecución del citado proyecto”.